La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial no se verán comprometidos a pesar de los recortes contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que se realizó un análisis detallado para determinar los recursos necesarios para garantizar la operatividad del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Poder Judicial en general.
“En el tema del presupuesto, no vamos a afectar ningún derecho laboral de ningún trabajador.
Se hizo el cálculo de cuánto requiere el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial, y está establecido en este monto”, aseguró la mandataria.
La Cámara de Diputados inició la discusión del Presupuesto 2025, el cual incluye un recorte de 14 mil millones de pesos al Poder Judicial.
En lugar de los 85 mil millones de pesos solicitados, se propone asignar un total de 70 mil 983 millones de pesos.
Esta decisión generó preocupación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el CJF, quienes advirtieron sobre las posibles consecuencias del recorte en un comunicado oficial.
Según las instituciones, el 80 % de los recursos solicitados corresponde al capítulo 1000, destinado a sueldos, salarios y prestaciones.
Una reducción presupuestal de esta magnitud podría comprometer la continuidad operativa de ambas instancias.
En su comunicado, la SCJN y el CJF alertaron sobre los riesgos que el recorte podría implicar:
A pesar de estas preocupaciones, Sheinbaum insistió en que la redistribución de los recursos busca optimizar el uso del presupuesto sin afectar los derechos laborales de los empleados.
La presidenta subrayó que el cálculo realizado asegura el funcionamiento del Poder Judicial con un presupuesto ajustado a las prioridades del país.
Con el inicio de las discusiones en la Cámara de Diputados, el tema se ha convertido en un punto central del debate político y social, con implicaciones tanto para el Poder Judicial como para los derechos de los ciudadanos a un acceso efectivo a la justicia.