El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, retiró la ley marcial horas después de haberla decretado, en respuesta al voto del Parlamento que exigía su revocación y las manifestaciones masivas en su contra.
La medida, vigente durante cerca de seis horas, fue anunciada como una acción para proteger el "orden constitucional" frente a supuestas actividades antiestatales atribuidas al opositor Partido Democrático (PD).
La Asamblea Nacional, liderada por el PD, votó con 190 votos a favor de anular la ley marcial, obligando constitucionalmente al presidente a retirarla.
Miles de ciudadanos, desde jóvenes hasta adultos mayores, se congregaron frente al Parlamento coreano, calificando la medida como un ataque a la democracia.
Yoon enfrenta una presidencia debilitada tras la victoria legislativa del PD en abril, que ha bloqueado sistemáticamente sus propuestas.
El mandatario argumentó en un discurso televisado que su gobierno ha sido objeto de 22 intentos de destitución desde su inicio en 2022, lo que calificó como una situación “sin precedentes” en la historia política del país.
El líder del partido gobernante, Han Dong-hoon, calificó la decisión de "equivocada", prometiendo unirse a los ciudadanos para evitar su implementación.
Estados Unidos y Naciones Unidas también expresaron preocupación por la medida, instando a una resolución pacífica y respetuosa del estado de derecho.
La declaración de la ley marcial generó inestabilidad económica, con el won surcoreano cayendo hasta un 3 % frente al dólar. Sin embargo, tras el voto del Parlamento para levantarla, la divisa recuperó parte de su valor.
La revocación marca un duro golpe a la presidencia de Yoon, cuyas decisiones polarizan cada vez más a una sociedad que exige compromiso con la democracia y la estabilidad institucional.